El consumo de alcohol y sustancias estupefacientes constituye uno de los principales factores de riesgo para la seguridad vial y, hasta hace poco, sólo el consumo de alcohol tenía y tiene una normativa de regulación para su detección, frente al consumo de sustancias estupefacientes que carecía de los medios materiales y normativos necesarios para su detección.
Desde la Dirección General de Tráfico han dado los pasos necesarios para las modificaciones normativas necesarias para una regulación integral de los procedimientos de detección de esas sustancias y actualmente se realizan controles en los accidentes y preventivos con bastante efectividad.
Pero la efectividad de estos procedimientos no altera las consecuencias que en el ámbito de los seguros tiene sus ingesta, y así con independencia de que la sanción que recaiga en el infractor sea considerada administrativa o penal, la aseguradora no cubre los daños producidos por la ingesta.
Así, si hay un tercero perjudicado, la aseguradora deberá abonar al mismo los daños producidos, y después reclamará contra el causante, siempre y cuando se hayan superado los límites reglamentarios.
En el supuesto de la existencia de daños propios, la exclusión afectará a la indemnización que será rehusada, y en caso de ser abonada, la aseguradora podrá reclamar su reintegro.
En resumen, las compañías equiparan las consecuencias tanto del alcohol como de las sustancias estupefacientes, no cubriendo los daños que superan el límite reglamentariamente establecido.
