Mediante el seguro de defensa jurídica, la compañía se obliga a prestar los servicios de asistencia jurídica y extrajudicial, haciéndose cargo de los gastos que puedan originar la intervención en un procedimiento judicial, administrativo o arbitral.

Tras la correspondiente presentación de una declaración de siniestro a la aseguradora, sea por vía de su mediador o directamente en la compañía, puede ocurrir que esta rechace el siniestro o no pague la totalidad del daño reclamado.