Todos los edificios plurifamiliares que tengan una cierta antigüedad están obligados a pasar este tipo de auditoría para verificar si reúnen los requisitos adecuados de seguridad. Pese a que se trata de un trámite que se debe realizar obligatoriamente, la administración pública no realiza ninguna notificación, sino que cada comunidad tiene la responsabilidad de solicitar la correspondiente revisión.