Mediante el seguro de defensa jurídica, la compañía se obliga a prestar los servicios de asistencia jurídica y extrajudicial, haciéndose cargo de los gastos que puedan originar la intervención en un procedimiento judicial, administrativo o arbitral.

Mediante esta garantía la aseguradora garantiza la reclamación de daños y perjuicios sufridos por el asegurado siempre que aquellos se deriven de culpa o negligencia extracontractual del causante.